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TRAFICO DE MUJERES: LA RUTA CHILE-JAPON
Un reportaje exhibido esta semana en una estación de televisión de Chile desató un gran revuelo por las acusaciones de tráfico de mujeres en contra de Anita Alvarado, más conocida como "la geisha chilena", quien es famosa y millonaria tras ejercer la prostitución en Japón. Pero había otra sorpresa: antes del programa se había presentado una querella criminal contra Alvarado. En el programa de televisión, dos mujeres, Claudia Ríos y Johana Acuña, acusaron a Alvarado de tráfico de personas, con agravantes de engaño e intimidación. Ambas relataron, en detalle, la manera en que Alvarado las habría introducido en el mundo de la trata de personas (antiguamente, la mal llamada "trata de blancas"). Los hechos se remontarían a 1997-1998, cuando las denunciantes trataban de ganarse la vida en la comuna de El Bosque, en Chile. Una de ellas cuidaba a un enfermo y la otra trabajaba como operaria en una fábrica. Ante la precaria situación económica, Anita Alvarado, vecina y conocida de ambas, les habría propuesto pagarles un pasaje de avión a Japón, donde podrían trabajar en un restaurante y ganar mucho más dinero del que lograban en Chile, su país de origen. Ante tal prometedor panorama, ambas habrían aceptado. Según relataron, Anita Alvarado habría puesto una sola condición: debían devolverle el importe del pasaje una vez que estuvieran trabajando en Japón. Las cosas cambiaron una vez llegadas al país nipón. Alvarado les habría anunciado que el trabajo en el restaurante no había resultado y que, como debían devolverle su dinero lo antes posible, debían trabajar como prostitutas. Claudia y Johana se encontraron ante un difícil dilema. Sin dinero, sin conocer el idioma y sin conocer a nadie que pudiera ayudarlas. Esta es la clásica historia que viven miles de mujeres de América Latina, África y Asia que aceptan condiciones de trabajo inciertas fuera de sus países, buscando una mejor calidad de vida para ellas y los suyos. Algunas saben a lo que van, otras parten engañadas. Las cifras Cifras de Naciones Unidas indican que unas cuatro millones de personas son víctimas de la trata en el mundo y que este negocio mueve anualmente más de 10 mil millones de dólares. Se estima que 50.000 mujeres de la República Dominicana, 75.000 de Brasil y 35.000 de Colombia ejercen la prostitución en el extranjero. Un alto porcentaje de ellas ha sido objeto del tráfico de mujeres y víctima de estas redes internacionales, las que funcionan con los mismos códigos que las redes de tráfico de drogas y de armas. Las edades de las mujeres traficadas fluctúan entre los 18 y 45 años, pero el mayor número se ubica entre los 19 y 29 años. También existe un número importante de niñas menores de edad. En Chile no existen estudios que permitan cuantificar la magnitud del fenómeno. No obstante, se conoce la existencia de redes que operan en la mayor impunidad y que violan los sistemas jurídicos y de seguridad nacionales e internacionales. ¿Por qué la denuncia sólo ahora? Claudia y Johana fueron tomando conciencia, poco a poco, de lo que les había sucedido. Se dieron cuenta que algunas de las situaciones que habían vivido estaban penadas por la ley. La toma de conciencia cristalizó durante los meses de trabajo con el equipo de televisión que preparaba el reportaje. Y cuando éste se difundió, este martes 1 de julio, la querella ya se había presentado ante los tribunales. El abogado defensor de Alvarado imputó que el tráfico prescribía luego de 5 años de los hechos. Sin embargo, la abogada de la organización no gubernamental Corporación La Morada, que patrocina a las dos querellantes, argumentó que ello no es efectivo, puesto que existen dos tipos de tráfico: simple y agravado. La figura de tráfico agravado, en el que se incluye el engaño, el aprovechamiento de las condiciones económicas, o la intimidación, prescribe sólo a los 10 años, de manera que Claudia y Johana estarían respetando los plazos legales. Para hacer las cosas más difíciles para Anita Alvarado, la prensa chilena informa que ahora hay otras tres mujeres que están dispuestas a testimoniar. Éstas serían clave para establecer la forma en que las jóvenes habrían sido llevadas a Japón para ejercer la prostitución en la ciudad nipona de Nagoya. Las tres mujeres también habrían sido reclutadas por Alvarado para ejercerla prostitución. Según el relato de las testigos, en el período que ellas estuvieron en Japón, convivieron en el mismo departamento con otras dos jóvenes que viajaron al país asiático bajo las mismas circunstancias que ellas. Es decir, tras el ofrecimiento que Alvarado les habría hecho de ir a trabajar en un restaurante. Al llegar allá, habrían sido llevadas a una calle de la ciudad de Nagoya donde debían ejercer la prostitución. En ello también habrían participado los supuestos cómplices de la "geisha", Miguel Angel Alcántara e Isaac Mella. Los nuevos casos serán
conocidos por el tribunal a partir de hoy. Lo importante de sus
testimonios radica en que las testigos habrían escuchado a la propia
Anita Alvarado hablar del sistema utilizado para captar a mujeres e
inducirlas luego a prostituirse. Si no pagaban los costos del viaje, serían
entregadas a la mafia japonesa, la denominada Yakuza. Las potenciales víctimas Los estudios internacionales demuestran que el modus operandis en la captación de las victimas suele ser similar en los distintos países y obedece a las siguientes características: Se reclutan mujeres que nunca han ejercido la prostitución en sus países de origen, lo que les asegura el silencio de las víctimas, producto de la vergüenza y el miedo al rechazo familiar y social al que pueden verse expuestas una vez devueltas a su lugar de origen. Son mujeres que presentan grandes carencias económicas y desprotección social que ven una oportunidad de salir adelante en países más desarrollados. En la mayoría de los casos se les ofrecen trabajos engañosos. Una vez en el país de destino, se les informa que el trabajo no resultó y que deben prostituirse para pagar la deuda contraída con quienes les financiaron el viaje, deuda que se traduce finalmente en cifras millonarias. La mayoría de las veces, las mujeres son llevadas a países cuyo idioma les es desconocido, lo que les provoca un mayor grado de vulnerabilidad y hace casi imposible el acceso a centros de ayuda especializados. Campaña de sensibilización Tras las denuncias de las dos mujeres en contra de Anita Alvarado, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) de mujeres de Chile emitieron una declaración pública. En ella expresan que, más allá de las denuncias sobre una red de tráfico de mujeres que estaría operando desde a Chile a Japón, "el comercio sexual de mujeres es un problema de derechos humanos: un reflejo de que en esta sociedad todavía persisten 'estructuras' que mantienen sometidas a las mujeres a prácticas absolutamente atentatorias a los derechos universalmente reconocidos". Acerca de las informaciones y juicios que tienden a culpabilizar y responsabilizar a las mujeres reclutadas para el comercio sexual, las ONG son enfáticas al señalar que "el tráfico de mujeres es una de las formas más agresivas de violencia de género: se las despoja de sus documentos de identidad, se las retiene como prisioneras, son constantemente vigiladas y castigadas físicamente ante la más leve sospecha de rebeldía. Por lo tanto, las mujeres son y serán siempre víctimas de este delito ¡Basta de responsabilizar a las mujeres de la violencia que se ejerce en su contra!" Finalmente, las ONG señalan que más allá de la labor que debe realizar la policía y la justicia para combatir el tráfico de personas, "es fundamental que se desarrollen políticas desde el Estado destinadas a prevenir este delito". Las ONG firmantes son, hasta ahora, el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), la Corporación La Morada, DOMOS, Fundación Instituto de la Mujer, FLACSO, MEMCH, PROSAM, e Isis Internacional. Fuentes: Mujeres Hoy, La Morada, Instituto de la Mujer
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